Acuerdos de paz, el triunfo del crimen.

Todos los días vemos y escuchamos nuevas noticias sobre los avances en las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, entre funcionarios del gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el reconocido grupo narcoterrorista de las Farc. A pesar que el gobierno Santos defiende estas conversaciones, las define como la salida a un conflicto de más de cinco décadas y las presenta como la añorada paz de Colombia; las informaciones que se filtran y los rumores que circulan, parecen indicar todo lo contrario.

Al parecer las Farc, grupo reconocido como terrorista por al menos 33 países del mundo, estaría aspirando a participar en política en el democrático país de Colombia. Nación que por años ha venido construyendo una estabilidad política, social y económica a pesar de los muchos problemas que enfrenta, debido al accionar de grupos insurgentes, narcotraficantes e "híbridos" que posan como insurgentes mientras usan el secuestro extorsivo, las extorsiones, el narcotráfico y otros crímenes para acumular dinero, tierras y ahora poder político. De concretarse la aspiración de las Farc, pronto veríamos a un narcotraficante de alcalde o gobernador, a un terrorista en el congreso y a un secuestrador y corruptor de niños impartiendo justicia familiar. Como diría Platón, democracia perfecta; representación de la sociedad completa dentro del estado, hasta de los criminales.

Un panorama donde narcoterroristas integren el congreso y ocupen otros cargos importantes dentro del estado no solo es moralmente inaceptable, jurídicamente violatorio y un muy mal ejemplo; sino también, extremamente peligroso para el futuro, la estabilidad y la integridad de nuestro país.

Es absurdo amarrar la supuesta paz de Colombia al triunfo del crimen, el terror y el narcotráfico sobre el estado de derecho. No podemos permitir que se rinda la decencia y la justicia ante el mal, la corrupción, la muerte y la desesperanza. No podemos creer en el cuento de los violentos, donde ellos son los dueños de la paz y la tranquilidad del pueblo y solo la liberarían a nosotros si se les permite accionar libremente y delinquir a sus anchas. ¿Qué clase de país sería Colombia gobernado por narcoterroristas que secuestran y corrompen niños para que los ayuden en sus campañas criminales? ¿Qué clase de país sería Colombia si las leyes fuesen hechas por criminales, autores de crímenes de lesa humanidad, quienes planearon y ejecutaron masacres como la de Bojayá o el genocidio de la tribu indígena "AWA"? ¿Acaso queremos ser gobernados por criminales con prontuarios más extensos que los de miembros del cartel de "Medellín", "Cali" o "Norte del Valle"? ¿Qué hay en la cabeza de los gobernantes que permiten propuestas tan descabelladas?

Pues permítanme recordarles, que la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo reside en nosotros mismos, que perseguir el crimen en todas sus formas y a sus autores es una responsabilidad ineludible del estado y que la incapacidad del funcionario no exime al estado de cumplir con su deber. La paz debe emanar del correcto ejercicio de la ley y la justicia, no del prevaricato de la misma; como nos pretenden hacer creer Santos y su séquito de ineptos.

Las Farc, a quienes Michael Braun, jefe de operaciones de inteligencia de la DEA, reconoce como el cartel del nacotráfico más grande del planeta y el grupo terrorista "híbrido" con mayor potencial de crecimiento, solo comparable con Al-Qaeda y el Talibán, quienes además de traficar con drogas ilícitas e impartir terror, participan en otras actividades criminales como el lavado de dinero, la venta de armas y los secuestros extorsivos, entre otros crímenes, pretenden legalizar, bajo el marco de las mal llamadas negociaciones para finalizar el conflicto en Colombia, más de 16 millones de hectáreas y que estas sean reconocidas como entes territoriales independientes; es decir, una especie de estado dentro del estado colombiano. Lo que los narcoterroristas no pudieron conseguir en más de 50 años de crimen, matando, secuestrando, aterrorizando y traficando con drogas ilícitas, pretenden ganarlo de un plumazo en La Habana. Pero lo peor no es lo que ellos piden, sino que el gobierno de Juan Manuel Santos esté dispuesto a otorgárselos; convirtiéndose así, el gobierno Santos, en el mejor negociador y comandante que haya tenido esta agrupación criminal desde su creación.

De concretarse la propuesta de los 16 millones de hectáreas... ¿Qué uso tendrían? ¿Será que las usarán para sembrarlas de coca y llenarlas de laboratorios para producir cocaína? ¿Qué creen que haría un narcotraficante con 16 millones de hectáreas de tierra? ¿Le preguntamos a Carlos Lehder? ¿Qué opinan ustedes? O peor aún... ¿Será que las usarían como plataforma para atacar al resto de Colombia con mayor fuerza, contundencia y sevicia? ¿Quién se los impediría?

A todas luces, esas conversaciones de paz más parecen unas conversaciones de impunidad, más parecen un ejercicio de lavado de bienes mal habidos y el preámbulo a una escalada de violencia, sin precedentes en Colombia, con el inevitable surgimiento de una verdadera guerra civil; entre las debilitadas fuerzas del estado, después de pasar por las purgas propuestas por las Farc y unas Farc fortalecidas, económica, política y militarmente, gracias a las concesiones del gobierno Santos en La Habana.

En conclusión, les puedo asegurar que antes de lograrse la paz con estas mal llamadas negociaciones, lo que estamos asegurando es el recrudecimiento del conflicto, pues si las Farc no llegan al poder por la vía política, lo buscaran con una guerra total y frontal, aprovechando todas las ventajas, prerrogativas y fortalezas que surjan de los acuerdos que se firmen. De nosotros depende. O levantamos la voz y salimos a la calle a protestar o de nada valdrá quejarse luego.